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Los procedimientos y las herramientas para realizar un proceso de debida diligencia ambiental y social para una transacción de financiamiento de empresas se describen en el Sistema de Gestión Ambiental y Social de la institución financiera y deben comprender las siguientes medidas, como parte de un examen documental y una visita al emplazamiento:

  • comprobación de que las actividades del cliente/destinatario de inversiones no están en la lista de actividades excluidas adoptada por la institución financiera;
  • examen del sector industrial y de las cuestiones ambientales y sociales que se asocian generalmente con este tipo de operaciones;
  • examen de los reglamentos nacionales en materia ambiental y social aplicables a las operaciones del cliente/destinatario de inversiones;
  • examen del historial del cliente/destinatario de inversiones con respecto a las cuestiones ambientales y sociales, en términos de la posibilidad de incumplimiento de los reglamentos nacionales o de publicidad negativa;
  • examen del desempeño del cliente/destinatario de inversiones con respecto a las normas internacionales o las mejores prácticas de la industria en cuestiones ambientales y sociales;
  • examen de las medidas (si las hubiera) adoptadas por el cliente/destinatario de inversiones para mitigar los posibles problemas ambientales y sociales relacionados con sus operaciones.

La institución financiera debe documentar todas las observaciones del proceso de debida diligencia, que se tendrán en cuenta durante el proceso de toma de decisiones antes de proceder con la transacción. En el caso en que se detecten cuestiones ambientales y sociales que se deben mitigar mediante medidas correctivas, la institución financiera puede disponer dichas medidas en el convenio legal con el cliente/destinatario de inversiones y hacer un seguimiento del progreso en marcha hasta su finalización.

En el caso de las transacciones que se hayan clasificado como de alto riesgo, la institución financiera puede requerir los servicios de un experto/consultor externo para que se haga cargo de la debida diligencia ambiental y social. Para que este proceso sea eficaz, es fundamental que la institución financiera comunique al experto/consultor externo los requisitos ambientales y sociales que deben cumplir obligatoriamente los clientes/destinatarios de inversiones.


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