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Como parte de su proceso de debida diligencia ambiental y social, una institución financiera puede verificar la manera en que sus clientes comerciales/destinatarios de inversiones cumplen las leyes ambientales y sociales aplicables, que varían en función del país.

Para ello, la institución financiera debe tener conocimiento de las leyes ambientales y sociales del país en el que opera, especialmente de los requisitos para llevar a cabo una Evaluación del Impacto Ambiental. Estas normas también pueden comprender, si las hubiera, las disposiciones de las convenciones y los convenios, los acuerdos y las prohibiciones internacionales que pudiera haber ratificado el país. Una buena comprensión de las leyes ambientales y sociales aplicables garantiza que la institución financiera detectará y evaluará de manera eficaz los principales riesgos ambientales y sociales que pudieran estar asociados con una transacción financiera.

Para que sea eficaz, el Sistema de Gestión Ambiental y Social debe tener en cuenta los requisitos más recientes de las leyes ambientales y sociales aplicables a los clientes/destinatarios de inversiones de una institución financiera. El Departamento Jurídico examina generalmente el marco reglamentario del país en el que opera una institución financiera y debe estudiar las disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos:


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