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El reasentamiento involuntario se refiere tanto al desplazamiento físico (reubicación o pérdida de vivienda) como al desplazamiento económico (pérdida de recursos para generar ingresos o medios de subsistencia) como resultado de la adquisición de tierras (incluso derechos de paso) asociada con las operaciones de un cliente/destinatario de inversiones. El reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o comunidades afectadas no tienen derecho a negarse al desplazamiento. Esta situación se presenta en casos de i) expropiación legal o restricciones sobre el uso de la tierra basadas en el derecho de expropiación y ii) acuerdos negociados en los que el comprador puede recurrir a la expropiación o imponer restricciones legales sobre el uso de la tierra si fracasan las negociaciones con el vendedor.

Las personas desplazadas se pueden clasificar como personas que:

  1. tienen derechos legales formales sobre las tierras que ocupan;
  2. no tienen derechos legales formales sobre las tierras, pero reclaman un derecho a esas tierras que es reconocido o reconocible según las leyes nacionales;
  3. no tienen derechos legales reconocibles sobre la tierra que ocupan y no reclaman un derecho a esas tierras que pueda ser legalmente reconocido.

Si no se maneja adecuadamente, el reasentamiento involuntario puede dar lugar al empobrecimiento de las personas y comunidades afectadas y causarles privaciones graves y prolongadas, así como daño ambiental y tensión social en las zonas a las que han sido desplazadas. Por estas razones, el reasentamiento involuntario debe evitarse o, al menos, reducirse al mínimo. Sin embargo, cuando resulta inevitable, deben planificarse y aplicarse cuidadosamente medidas apropiadas para mitigar los impactos adversos en las personas desplazadas y las comunidades receptoras, con una apropiada divulgación de información, consulta y participación informada de las personas afectadas. Esto comprende la aplicación de las siguientes medidas:

  • Compensación y beneficios para las personas desplazadas: En los casos donde no se pueda evitar el desplazamiento, el cliente/destinatario de inversiones debe ofrecer a las personas y comunidades desplazadas compensación por la pérdida de activos valorados al costo total de reposición y otra asistencia para ayudarlas a mejorar o restablecer su nivel de vida o sus medios de subsistencia.
  • Mecanismo de atención de quejas: El cliente/destinatario de inversiones debe garantizar la existencia de un mecanismo de atención de quejas para recibir y resolver las inquietudes acerca de la compensación y reubicación que puedan formular las personas desplazadas y los miembros de las comunidades receptoras.
  • Evaluación del impacto social, planificación y ejecución del reasentamiento: En los casos en que resulte inevitable el reasentamiento involuntario, el cliente/destinatario de inversiones realizará un censo para determinar qué personas serán desplazadas por el proyecto, entender los posibles impactos sobre las personas y las comunidades afectadas, desarrollar un marco de derechos y determinar quiénes serán elegibles para recibir compensación.
  • Desplazamiento físico: Cuando las personas que viven en la zona de las operaciones del cliente/destinatario de inversiones tienen que trasladarse a otro lugar, el cliente/destinatario de inversiones i) ofrecerá a las personas desplazadas alternativas de reasentamiento factibles, como el reemplazo adecuado de vivienda o compensación monetaria; y ii) brindará asistencia para el traslado de acuerdo con las necesidades de cada grupo de personas desplazadas, prestando especial atención a las necesidades de los pobres y los vulnerables. Los sitios de reasentamiento nuevos construidos para las personas desplazadas ofrecerán mejores condiciones de vida.
  • Desplazamiento económico: En caso de que la adquisición de tierras para las operaciones del cliente/destinatario de inversiones ocasione pérdida de ingresos o de medios de subsistencia, el cliente/destinatario de inversiones compensará de manera expedita a estas personas, por ejemplo, indemnizando a los propietarios de negocios por el costo del restablecimiento de las actividades comerciales en otro lugar, por el ingreso neto perdido durante el periodo de transición y por los costos de la transferencia y el reestablecimiento de sus actividades comerciales.
  • Reasentamiento gestionado por el gobierno: En los casos en que la adquisición de la tierra y el reasentamiento sean responsabilidad del gobierno, el cliente/destinatario de inversiones debe colaborar con el organismo competente del gobierno, en la medida que el organismo lo permita, para lograr resultados congruentes con las prácticas internacionales óptimas.

Si las operaciones del cliente/destinatario de inversiones conllevan la adquisición de tierras y el reasentamiento, estas medidas deben manejarse cuidadosamente para evitar que las personas y las comunidades afectadas puedan sufrir penurias y empobrecerse. Dado que una comunidad desplazada no estará totalmente satisfecha con su nueva situación, a menos que se produzca una mejora constatable de sus niveles de vida y medios de subsistencia, el desplazamiento seguirá acarreando un riesgo para la reputación del cliente/destinatario de inversiones.


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