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El financiamiento se suele garantizar con los activos del proyecto, de manera que la institución financiera que aporta los fondos asume el control del proyecto si el promotor tiene dificultades para cumplir las condiciones de la transacción.

En general, el financiamiento de proyectos se utiliza para operaciones grandes, complejas y de considerable cuantía, como carreteras, exploraciones de petróleo y gas, represas y plantas de energía. Debido a su complejidad, tamaño y ubicación, estos proyectos suelen incorporar complejas cuestiones ambientales y sociales entre otras, reasentamiento involuntario, pérdida de la biodiversidad, impactos sobre los pueblos indígenas y/o las comunidades locales, seguridad de los trabajadores, contaminación de la atmósfera, contaminación del medio ambiente. Dado que estos proyectos están generalmente sometidos a un alto nivel de escrutinio de los reguladores, la sociedad civil y los financiadores, las empresas promotoras del proyecto asignan más recursos a la gestión de los riesgos ambientales y sociales.

Si no se gestionan adecuadamente, los riesgos ambientales y sociales pueden provocar una perturbación o interrupción de las operaciones del proyecto y generar complicaciones legales y afectar la reputación, y así poner en peligro el éxito general del proyecto. Dado que los flujos de efectivo anticipados generan normalmente los recursos necesarios para pagar el préstamo, cualquier perturbación del propio proyecto, independientemente de la situación financiera de las empresas promotoras participantes, plantea un riesgo financiero directo para la institución financiera.


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